*Evento en español, con traducción a inglés.
Sobre el evento
El evento paralelo se desarrollará bajo un formato de panel de conversación moderado, orientado a promover el diálogo articulado sobre cuestiones como los aportes de la política exterior feminista, las barreras al acceso a la justicia, la violencia sexual y las obligaciones estatales de debida diligencia reforzada en la prevención, investigación, sanción, y reparación de la violencia sexual contra mujeres y personas LBTIQ+. Esta metodología busca priorizar el intercambio entre las personas panelistas, representando sectores diversos como la sociedad civil, la institucionalidad y la cooperación internacional.
En este sentido, el evento iniciará con unas palabras de apertura a cargo de la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en las que se presentará el objetivo general del espacio y los antecedentes que justifican esta discusión. Su intervención buscará contextualizar y caracterizar el panorama general sobre las necesidades de protección y las brechas existentes en el acceso a la justicia para mujeres y personas LBTIQ+ víctimas de violencia sexual, a nivel situado e internacional. Esta intervención permitirá establecer un marco común de análisis de los paneles y presentar algunos de los desafíos actuales para la garantía del acceso efectivo a la justicia en contextos con un de marcado aumento de los conflictos armados, disputas geopoliticas que obtaculizan la construcción de paz, la desigualdad estructural y los retrocesos en materia de derechos humanos. Además, propondrá una reflexión sobre el posible aporte de las Políticas Exteriores Feministas en el sostenimiento de los compromisos internacionales en la materia.
Posteriormente, se desarrollarán (2) paneles como ejes centrales del evento y tendrá una duración aproximada de 20 minutos cada uno. Se desarrollarán como una conversación guiada por una moderadora respectivamente, garantizando un diálogo fluido, equilibrado y coherente. Cada panelista responderá a dos preguntas generales y tendrá un minuto de intervención en cada ronda. La discusión se organizará en torno a ejes temáticos interrelacionados, que serán abordados de forma progresiva, a partir de dos preguntas orientadoras previamente definidas.
Tras el panel central se abrirá un espacio de preguntas e intervenciones del público, con una duración aproximada de 10 minutos, con el objetivo de recoger comentarios, inquietudes y aportes que enriquezcan la discusión.
Detalles del evento
Fecha: lunes, 9 de marzo 2026
Hora: 1:15 PM - 3:30 PM EST
Ubicación:
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, Salón CR-8
UN Web TV
Organizador
Gobierno de Colombia
Con el apoyo de: ONU Mujeres
Copatrocinadores
República Federativa del Brasil
Reino de España
Estados Unidos Mexicanos
República Oriental del Uruguay
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Organizaciones de Mujeres y Feministas de Colombia
Feminist Foreign Policy Collaborative
Feministas sin Fronteras
Colombia Diversa
Corporación Caribe Afirmativo
Equality Now
RUTA PACÍFICA DE MUJERES
Mujeres Campesinas Étnicas Pesqueras y Territoriales de Colombia (MUCAETPETEC)
Red Internacional de Diplomacia Feminista
Participantes
Rosa Yolanda Villavicencio, Ministra de Relaciones Exteriores, Gobierno de Colombia
Pablo A. Vommaro, Director Ejecutivo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (video)
Jefa de delegación, Estados Unidos Mexicanos
Carmen Martínez Perza, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, España
Alexandra Sandoval, Magistrada de Amnistía o Indulto, JEP
Susana Malcorra, CoFundadora y Presidenta, GWL Voices
Daniela Zambrano, Caribe Afirmativo
Jefa de delegación, Uruguay
Vanessa Dolce de Faria, Embajadora de Género, Brasil
Bibiana Aido, Representante Regional, ONU Mujeres (TBC)
Lina Marcela Tocón, Directora de Akubadaura
Marita Perceval, Presidenta, Feministas sin Fronteras en Argentina; Bécaria Senior, Colaborativo de Política Exterior Feminista
Antecedentes
El acceso efectivo a la justicia constituye un pilar fundamental para la vigencia del Estado de derecho, la garantía de los derechos humanos y la construcción de una paz sostenible. Desde una perspectiva integral, la paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de conflicto armado, sino como la existencia de condiciones institucionales, normativas y sociales que permitan prevenir la violencia, garantizar la rendición de cuentas, asegurar la reparación integral de las víctimas y establecer garantías de no repetición.
La violencia sexual y otras formas de violencia basada en género, incluidas aquellas motivadas por prejuicio contra la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, representan una de las violaciones más graves a los derechos humanos y una amenaza directa a la paz, la cohesión social y la confianza en las instituciones. Estas violencias han sido utilizadas históricamente como mecanismos de control, castigo e intimidación, tanto en contextos de conflicto armado como en escenarios de posconflicto y de paz formal.
A nivel internacional, instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos han establecido obligaciones claras para los Estados en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia sexual. En particular, estos marcos normativos han desarrollado el estándar de debida diligencia reforzada cuando las víctimas pertenecen a grupos históricamente discriminados, como las mujeres y las personas LBTIQ+.
Sin embargo, persiste una brecha significativa entre los compromisos normativos asumidos y su implementación efectiva. Las bajas tasas de denuncia, investigación y sanción, el subregistro de los casos, la victimización secundaria en procesos institucionales, y la persistencia de sesgos y prejuicios en los sistemas de justicia, evidencian barreras estructurales que perpetúan la impunidad. Estas barreras afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas LBTIQ+, cuyas experiencias de violencia suelen permanecer invisibilizadas, particularmente cuando se trata de violencia sexual con fines correctivos o de castigo.
En este contexto, las Políticas Exteriores Feministas y los enfoques de derechos humanos ofrecen un marco estratégico para repensar la relación entre justicia, paz y multilateralismo, situando el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia sexual en el centro de las agendas nacionales, regionales y globales.
Justificación
La actual coyuntura internacional está marcada por un acelerado incremento y recrudecimiento de los conflictos armados, una riesgosa dinámica de proliferación de discursos de odio y significativos retrocesos en materia de derechos humanos, así como por el auge del autoritarismo y un deliberado debilitamiento del multilateralismo como espacio de cooperación y construcción de consensos fundados en principios, valores y metas comunes. Este escenario tiene impactos directos sobre la capacidad de los Estados para garantizar el acceso a la justicia y responder de manera adecuada a la violencia sexual y las violencias basadas en género.
Fortalecer el acceso a la justicia y garantizar el deber de debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra mujeres y personas LBTIQ+ no solo constituye una obligación jurídica internacional, sino una condición indispensable para la construcción de una paz duradera, basada en la igualdad sustantiva, la dignidad humana y la no discriminación. La impunidad frente a estas violencias reproduce ciclos de exclusión, debilita la confianza institucional y socava los procesos de reconciliación y cohesión social.
En este sentido, el multilateralismo y los instrumentos internacionales de derechos humanos —en particular la CEDAW y su jurisprudencia— ofrecen herramientas clave para fortalecer los sistemas de justicia, promover estándares comunes y fomentar respuestas estatales eficaces, inclusivas y sensibles al género y a la diversidad sexual. Generar un espacio de diálogo institucional intersectorial de alto nivel en el marco de la CSW permite visibilizar estos desafíos, intercambiar buenas prácticas y reforzar el compromiso de los Estados con una agenda de justicia y paz con enfoque feminista e interseccional, promoviendo la plena participación de la sociedad civil, particularmente de los movimientos de mujeres, organizaciones LGBTIQ+ y organismos de derechos humanos.
Objetivo
Promover un diálogo institucional intersectorial de alto nivel que contribuya a fortalecer el acceso a la justicia como pilar de la construcción de paz, mediante el análisis del rol del multilateralismo y de los instrumentos internacionales de derechos humanos —especialmente de la CEDAW— en la garantía de la debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra mujeres y personas LBTIQ+